1

La Constitución argentina garantiza jubilaciones “móviles”. Pues, cabe preguntar: ¿Cuál es el alcance del concepto de jubilación? Y ¿cuál el de movilidad? La jubilación es el derecho que tiene la ciudadanía para cubrir las contingencias de vejez, invalidez o muerte, es decir, cuando ya no puede prestar su persona al mercado laboral o a la empresa.

El estatuto del jubilado —conjunto de derechos y acciones que tiene cuando ocurre una de dichas contingencias— es la ley vigente al cese de la relación laboral por una de estas causales.- Básicamente, los derechos del jubilado son: A) La determinación de un haber jubilatorio inicial (hoy, con la actualización de los últimos 120 haberes en relación de dependencia) y B) Una fórmula de movilidad.

El primer error del relato es juntar ambos conceptos, por ejemplo, cuando se dice 82% móvil. El 82% sería la determinación del haber inicial; y la movilidad, sería el índice vigente al momento del inicio de la jubilación que actualiza los haberes. Pero hoy, no existe el 82%. La determinación del haber inicial se realiza por una fórmula compleja que incluye el 1,5% por año de servicio, más una Prestación Básica Universal (P.B.U.), que consiste en una suma fija. A partir de la determinación del haber inicial, nace el derecho a una movilidad conforme a la ley vigente al cese.

A su vez, la movilidad también es una fórmula compleja, que fue variando con los gobiernos. Durante el kirchnerismo, se aplicó una fórmula que promediaba el aumento de la recaudación previsional con el aumento de salarios, medido por el Indec o el Ripte. Siempre el Indec dio mejor movilidad que el Ripte, por cuanto este último se refiere a los grandes convenios colectivos, que no tienen cláusula gatillo, y que, invariablemente, están por debajo de la inflación.

En los siete años de vigencia de la fórmula de movilidad kirchnerista, las jubilaciones crecieron un 209,78% (Fuente ANSES), y la inflación un 182,47% (Fuente: Consultoras Congreso, manejadas por la oposición a CFK). Sólo en el 2014, la inflación superó a la fórmula en un 7%, a raíz del golpe de mercado, encabezado por Aranguren. Es decir, que la fórmula kirchnerista le ganó a la inflación en un 27,31 % en siete años.

En 1991, los jubilados cobraban 150 dólares, y algunos recibían un subsidio del PAMI de 50 dólares. Norma Plá pedía 450 dólares ¡¡¡YA!!!. El 1º de diciembre del 2015, la jubilación mínima era de más de 450 dólares, la jubilación media era 812 dólares, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad tenía 67.000 millones de dólares, la cobertura de los adultos mayores era del 97%, se incorporaron 3.500.000 nuevos jubilados y 3.600.000 Asignaciones Universales por Hijo (A.U.H.). También, se pagaban cincuenta mil sentencias por año y sólo quedaban 280 mil juicios (Fuente: Informe ANSES a la bicameral de control de fondos de la ANSES 12/2015, de los cuales, según el promedio, un 25% no aumentaría los haberes de los reclamantes).

Invariablemente, año a año, la rentabilidad del FGS aumentó por encima de la inflación, incluido el 2014. Por su parte, a partir de la fórmula, la jubilación mínima constituía el 81,8% del salario mínimo vital y móvil. Estos números reales, contradicen el RELATO de periodistas, economistas liberales y algunos abogados previsionales, cuando afirman que los jubilados nunca estuvieron bien, y que los gobiernos y los políticos se robaron sus ahorros. CRISTINA NO SE LLEVÓ LOS AHORROS DE LA ANSES, MACRI SI.

El sistema previsional argentino, hasta el 2015, fue el mejor de América Latina y uno de los mejores del mundo. NO TODO ES LO MISMO. En efecto, Macri bajó el FGS. de 67 mil millones de dólares a 30 mil, y bajó la jubilación mínima de 455 dólares a menos de 200.-

2

A su turno, con Macri, en cuatro años, los jubilados PERDIERON, según varias fuentes, un 20%, a lo que habría que sumarle el 14% de la movilidad que les robaron con el cambio de fórmula, en el denominado empalme, y que la Cámara de Seguridad Social le reconoció a Fernández Pastor. Pero, según ANSES y DPEYC Río Negro, la pérdida fue del 42,7%. Además, medida en dólares, la jubilación mínima (PUAM) bajó de 455 a menos de 200. Es, decir perdió 60%; medida en remedios, perdió el 55%; y medida por la canasta de los jubilados, otro tanto.

En esto, cada vez que el Indec de Todesca daba un índice de inflación, se aclaraba que los alimentos, los remedios, los servicios, los alquileres y expensas y el transporte, estaban por encima del promedio. El presente cuadro ilustra cómo en el período kirchnerista, las jubilaciones le ganaron a la inflación (salvo el 2014). El resultado final fue una diferencia de 27,31% en 7 años, y en el periodo macrista, la inflación le ganó a la movilidad todos los años, en un total superior al 42% (Si se calculara al 1º de diciembre, antes de la devaluación macrista, el aumento de las jubilaciones K sería aún mayor, y la pérdida ante la inflación de la jubilación M también).

3

La previsión social argentina es un sistema solidario de reparto asistido por impuestos, con un fondo de capitalización colectiva como garantía de sustentabilidad. Esto quiere decir que nuestro sistema se financia un 25% con aportes personales de los trabajadores, otro 25% con contribuciones patronales, y un 50% con impuestos. Por eso, cuando algún jubilado se pregunta ¿dónde están mis aportes?, debemos explicarle que con sus aportes se pagaron el 25% de la jubilación de su papá y de los jubilados de entonces; y que, con los aportes de sus hijos y los demás trabajadores, hoy estamos pagando el 25% de su jubilación y los demás beneficios, y que el 75% restante lo pagamos con contribuciones patronales e impuestos.


Pero el aporte más importante es, sin dudas, el de los impuestos. Todos los argentinos resolvimos destinar parte de nuestros impuestos al Sistema de Seguridad Social, es decir, a cuidar de nuestros viejos y niños.- Y por ello, no resulta lógico afirmar que no podamos derivar esos impuestos a beneficiar a quienes menos ganan, y procurar achicar la brecha con quienes más cobran. El cálculo es simple. Si algún trabajador consiguiera una AFJP que le mantuviera el valor de sus aportes del 11% durante 30 años, tendría acumulado un capital que le permitiría cobrar el 100% durante 3 años, el 75% durante 4 años, el 60% durante 5 años. Si fuera un longevo que viviera hasta los 75 u 80 años, o más, no cobraría nada. El ejemplo en Argentina son las rentas vitalicias que quedaron del sistema de las AFJP. La mayoría no llega a cobrar mil pesos, y como máximo, unos pocos perciben siete mil pesos. Claro que en la Argentina, las AFJP recaudaron 47 mil millones de dólares en 14 años, y cuando recuperamos el dinero, solo había 20 mil millones. Es decir, que la administradora de los aportantes al sistema privado no pudieron conservar el 40% del capital.

En Chile, las AFJP tienen una tasa sustitutiva inferior al 30%. Por ello, volvimos al sistema de reparto, porque la capitalización individual, técnicamente, no puede resolver el problema de vejez, invalidez o muerte, ya que nadie sabe cuando va a morir, y cuanto va a precisar para vivir dignamente hasta entonces. En cambio, las ciencias actuariales, estadísticas y econométricas, sÍ permiten calcular cuántos mayores de 65, 66, 70, 80 o más, van a morir este año. Lo que no sabemos es quiénes van a ser. Y, por tanto, se puede calcular el total que se precisa macroeconómicamente.

Es por eso, que el razonamiento del incremento de un 1 o 2% de los regímenes especiales y los de privilegio poco impactan en el financiamiento el sistema. En cuanto a la reforma de las jubilaciones del poder judicial y de los diplomáticos, cabe afirmar que no se tratan de derechos adquiridos, sino de privilegios írritos al principio de equidad. No existen privilegios adquiridos, solo derechos adquiridos. Es decir, que el conjunto del pueblo argentino financia el 50% de las jubilaciones a través de impuestos.

4

¿Son constitucionales el tope jubilatorio y la segmentación de la movilidad? La lógica del sistema de capitalización, y la pretensión de un sistema de reparto puro, han mellado el razonamiento jurídico previsional, sobre todo en la justicia. Enseñaba magistralmente Amancio López, el mayor experto de seguridad social argentino, en su obra Asalto al futuro (Editorial Tiempo de Ideas, 1993: págs. 106/108), que, de acuerdo a la ley de Keynes sobre la función consumo, existe una propensión del trabajador a aumentar el mismo hasta un cierto nivel, en el que se ameseta. Si gana más, lo destina a ahorro, inversión, o gastos suntuarios. Ahora bien, es lógico que quien hoy es jubilado de la máxima, es decir del tope, tuvo durante los últimos diez años de trabajador (como mínimo), un ingreso mayor a los $100.000, seguramente ya tiene una casa (o más), un auto (o más), inversiones, ahorros y algunos gastos suntuarios.

Si el financiamiento de la previsión fuera un sistema de reparto puro, de aportes y contribuciones, sin impuestos, nada obstaría a que el haber jubilatorio se equipare al del INGRESO TOTAL del trabajador, o a un alto porcentaje del mismo. Pero, ¿hay derecho a que todos los argentinos paguemos impuestos para que los trabajadores de mayores ingresos, luego, en su estado pasivo, mantengan el total de sus altos ingreso (es decir, que mantenga sus niveles de consumo, ahorro, inversión, y gastos suntuarios)? ¿O debiéramos garantizarles sólo su mayor consumo? Máxime, cuando los jubilados de la mínima están bajo el índice de pobreza y hasta de indigencia. Éste es el debate que se debe la sociedad argentina.

¿Es justo que exista una diferencia de más de siete veces entre la jubilación mínima y la máxima? Es obvio que no puede haber una jubilación igual, por la diferencia de aportes. Existe un primer escalón, que es la jubilación mínima, y un segundo escalón, que es el aumento por los aportes, hasta el tope (sin perjuicio de un tercer escalón voluntario). Pero el tope es absolutamente constitucional. “El haber jubilatorio no solo debe descartar el ahorro, sino también los consumos superfluos, y entonces se justifica establecer un máximo en la prestación” (Amancio López, 1993: 200).

Y no olvidar que no sólo se achata la pirámide, sino que se aumenta su base de sustentación: Si miráramos para arriba, baja la punta de la pirámide. Si atinamos a mirar para abajo, crece la base de sustentación de la misma y se achica la desigualdad (me permito recomendar la lectura de Joseph Stiglitz “El precio de la desigualdad”, Editorial Taurus, Madrid, 2012). Tampoco nada impide que, hasta arribar a una pirámide más equitativa, por ejemplo, con cinco veces de distancia, como máximo, entre mínima y máxima, se segmente la movilidad. Obtenido este resultado, deberá volverse al porcentaje uniforme. Se afirma que la Corte ya definió la inconstitucionalidad del tope, así como de la segmentación de la movilidad. Es tiempo que, en esta nueva composición, reconsidere con espíritu crítico por los argumentos acá desarrollados, la constitucionalidad de ambos extremos.

Le quedaría a la justicia, hasta que haya una nueva movilidad, resolver si la declaración de la emergencia debe ceder ante los derechos adquiridos por la ley Pichetto, para ese 25% de jubilados de mayores ingresos. Más allá de que se computen los remedios gratuitos, el congelamiento de tarifas, el no cobro de sus deudas a la ANSES por tres meses, la baja del 11% de intereses de dichos créditos, la devolución del IVA, el descenso de la tasa de inflación, entre otros beneficios, resulta evidente que más del 95% de los jubilados está mucho mejor que en diciembre del 2019. Por ello, sólo siete mil jubilados (1%) pretendió una acción colectiva, que seguramente será rechazada in límine.

5

LA CÚSPIDE DE LA PIRÁMIDE Y EL PRESUNTO BENEFICIO DE LA FÓRMULA ANTERIOR SOBRE LA INFLACIÓN: La fórmula Pichetto (70% inflación / 30% RIPTE), NUNCA pudo alcanzar a la inflación, ni mucho menos superarla en un 5%. Esto es porque el RIPTE es un índice que registra el convenio colectivo de los grandes sindicatos privados, de los cuales, ninguno tiene cláusula gatillo. La trampa de aplicar ambos índices de 6 meses atrás, no invalida esta afirmación. La movilidad es SIEMPRE INFERIOR a la INFLACIÓN. Tanto es así, que, para que la movilidad arroje un 5% por encima de la inflación, como mintieron en su pomposo anuncio Macri y Pichetto, se precisaría que los salarios de los grandes convenios crecieran un 15% por encima de la inflación. Obviamente, esto no se produjo, ni aún en tiempos del kirchnerismo.

Un párrafo aparte, algunos datos que señalan que el decil más alto de la pirámide ganó un 0.1% por encima de la inflación, gracias a la fórmula de Pichetto, esta afirmación es FALSA. Si fuera cierto que cobraron más que la inflación, sólo se explicaría porque cobraron una reparación histórica, lo que de por sí constituye un delito, por el cual la ANSES acredita sumas enormes a los jubilados de mayores ingresos, sin explicar en virtud de qué fórmula o cálculo lo hacía.

Ojalá, algún día, un fiscal y un juez investiguen cómo se distribuyó las sumas de la mal llamada reparación histórica, y en virtud de qué cálculo, y si todas fueron homologadas por la justicia de la seguridad social previamente al pago, como manda la ley. Tengamos en claro, también, que la redistribución consiste no sólo en achatar la pirámide, sino en aumentar los haberes de la base de la misma. A esto se refiere el Presidente Alberto Fernández cuando explica que debemos empezar por los que tienen menos para llegar a todos.

La solidaridad no consiste en equilibrar para arriba (lo que resulta lógica y matemáticamente imposible), sino equilibrar hacia el medio, es decir, que los más beneficiados ganen un poco menos, y los más pobres un poquito más. Esto es achicar la desigualdad.

6

EN CONCLUSIÓN:

A) Es tiempo que la Comunidad Argentina discuta si debe proteger a través de la previsión social, que financia mayoritariamente con sus impuestos, el total de la remuneración de los trabajadores con altos ingresos, o solamente el nivel de mayor consumo, por lo cual es lícito que exista el tope y la segmentación de la movilidad jubilatoria, porque se trata de asegurar a cada beneficiario que su haber ha de seguir la suerte de los salarios. Dicho en otras palabras, “que su nivel de vida debe acompañar al de los trabajadores activos” (Amancio López. Op. cit. Pag. 190)

B) La fórmula de movilidad debe basarse en el aumento de los salarios, medida por el Indec, y el aumento de la recaudación previsional, porque el nuestro es un sistema de reparto asistido, lo que significa que se financia con aportes de los trabajadores, contribuciones patronales e impuestos. A ello debe tender la próxima reforma. Podría establecerse que la distancia entre la jubilación mínima y la máxima fuere de cinco veces. A partir de allí, los aumentos deben volver a ser proporcionales. Y debería estudiarse cómo proteger a los jubilados para que dicha fórmula supere a la inflación. La inflación debe ser el piso de la movilidad de los jubilados, no su techo.

C) Se debería conformar una bicameral para dictar un nuevo Código de Seguridad Social, que además de unificar las normas de todo el régimen de seguridad social, en lo previsional, establezca un sistema simple de determinación del haber inicial (por ejemplo, un 50 o 60% del promedio de los diez últimos años actualizados por la fórmula de movilidad) entre otros temas, y que se integre con las organizaciones de empresarios, los gremios de trabajadores, las organizaciones de jubilados y discapacitados, los movimientos sociales, y los expertos previsionales, para discutir esta reforma integral.-

Dr. JUAN CARLOS DÍAZ ROIG

EX DIPUTADO NACIONAL