El reciente incremento jubilatorio ha generado muchas críticas, que intentan instalar la idea de una catarata de juicios. Para clarificar, debemos recordar que, desde 2009, rigió una ley que establecía una fórmula basada, fundamentalmente, en salarios y recaudación. La reforma de 2017 cambió la fórmula por otra basada en la inflación, pero “salteando” un tramo que ocasionó un serio deterioro.

Ahora, la movilidad se suspende por ley de emergencia y se determina por decreto lo que se hará durante un breve lapso de tiempo, debido a la situación del país. Más que discutir fórmulas, tramos, mecanismos, debemos ponernos de acuerdo en que estamos en una situación de gravísima emergencia. ¿Quién puede decir que no es así? Tenemos un país destruido, con el aparato productivo paralizado, una deuda multimillonaria en dólares, gran desocupación, y algunos medios se aprovechan para instalar el odio entre los argentinos. Instigan a que cada uno mire absolutamente su interés, que por más legítimo que fuere, no puede sacarse de contexto.

Así como los ansiosos de judicializar todo citan fallos de la Corte, podemos citar otros fallos donde se ha contemplado la situación de excepción, resolviendo que si la norma no priva del derecho, sino que sólo limita temporalmente la percepción de estos beneficios, no hay violación de garantías constitucionales.

Por lo tanto, exhorto a mis compatriotas a aplacar, al menos por cuatro meses, el fervor litigante, y tener en cuenta que, en lo inmediato, el perjuicio es mínimo. Esto está claramente detallado en tablas publicadas por distintos medios, donde se observa en números la cuantía del perjuicio. Sin embargo, la persistencia en el tiempo de estas limitaciones movilizará, con razón, a los afectados hacia tribunales, y seguramente allí nos encontraremos.

Elena Mitjans

18/02/2020