El Sistema Previsional Argentino es un Sistema de Reparto Asistido por impuestos y garantizado por un Fondo de Capitalización Colectiva. En efecto, todo el Sistema se financia con aportes, contribuciones e impuestos. Los liberales dicen que no es sustentable porque pretenden que se financie sólo con aportes y contribuciones. Esto era posible cuando había cuatro activos por un pasivo. Ahora, el envejecimiento de la población y el cambio de los sistemas económicos (sobre todo el avance del sector servicios) obliga a todos los Estados a cofinanciar a sus ancianos, a sus inválidos y a sus niños con impuestos que el conjunto de un pueblo resuelve destinar, además de sus aportes y contribuciones.

En el sistema argentino anterior a Macri, el 60% se financiaba con aportes y contribuciones y el 40% con impuestos. De estos últimos, el 15% provenía de la coparticipación de las provincias que cedían al sistema nacional. Cuando la Corte devuelve esta cesión a las provincias, indica que el Estado Nacional debe cubrir el bache. Mauricio Macri no le devolvió el 15% a las provincias, ni cubrió el déficit del sistema con otros recursos nacionales. En una economía como la que tuvimos durante el kirchnerismo basada en el consumo interno, una jubilación digna -como la de 609 U$S de mínima y 800 U$S de media en diciembre del 2015- que íntegramente se volcaba al consumo generaba un incremento sostenido del conjunto, estimulando Pymes, generando nuevos empleos, nuevos aportes, contribuciones, y en definitiva, contribuyendo al círculo virtuoso de crecimiento de la economía durante 12 años.

En el sistema anterior, las AFJP en 14 años recaudaron 47.000 millones de dólares y solo devolvieron 20.000 millones a los trabajadores y jubilados cuando se recuperaron los fondos, los que se sumaron a los 5.000 millones que ya tenía el FGS, creado por la ley de movilidad. Los 25.000 millones de dólares del FGS se incrementaron a 70.000 al 1° de diciembre del 2015. El gobierno de Macri, entre devaluaciones y gestiones ruinosas, en dos años y medio bajó el fondo a la mitad. En junio de 2018 solo quedaron 35.000 millones de dólares. Macri perdió el 50% de los ahorros de jubilados y trabajadores.

Mas allá de las devaluaciones, el Fondo fue administrado, culposa o dolosamente, al menos en los siguientes casos que hoy investiga la Justicia:

1. El Memorándum de entendimiento con QATAR.
2. La compra de acciones de Cable Visión y Arcor por mayor valor que el de mercado.
3. La venta del crédito de la EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba), la mejor inversión del FGS que generaba 12,5% de rentabilidad dólar anual, garantizada por la coparticipación provincial a MINDLIN y J.P. MORGAN a su valor nominal, que no refleja la rentabilidad.
4. El préstamo a EPEC para pagar a ODEBRETCH e IECSA: La misma acta de directorio en que se desprende un activo que le genera 12,5 % de rentabilidad, le otorgan a EPEC un crédito al 7,5% para pagarle a Odebretch e Iecsa, un gasoducto que se les había adjudicado con el compromiso de la empresa brasilera de proveer el financiamiento.
5. La inversión en letras y lebacs, que se podrían hacer directamente a través de Axis (propiedad de Caputo) y otros fondos comunes de inversión, pagando comisiones innecesarias.
6. La venta de acciones de INDUPA (Soda Solvay) y Petrobras Argentina, a menor valor que el mercado, al grupo Mindlin.
7. La no inversión en dólares o en lebacs para proteger el capital del FGS de la inflación.

La naturaleza jurídica del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

El Fondo de Garantía y Sustentabilidad (F.G.S.) no es un fondo público. Es lo que la doctrina alemana llama ❝un patrimonio de afección específica❞. Cada año, ANSES recauda los aportes, contribuciones e impuestos, y con ellos paga sus planillas mensuales. Durante 12 años, estas recaudación permitió pagar todas las obligaciones, inclusive las sentencias firmes. Ahora, Mauricio Macri desfinancia la recaudación anual, eximiendo de contribuciones a la patronal, como hizo Domingo Cavallo, y desconociendo su obligación de compensar el 15% de la coparticipación de las provincias con fondos federales. Del millón de juicios y reclamos administrativos del 2003 a diciembre del 2015 quedaban solo 280.000. Se habían pagado 40.000 en el 2014 y 50.000 en el 2015. El presupuesto del 2016 preveía pagar 60.000 sentencias que Macri no pagó por el importe de 15.000 millones de pesos. Es decir, que el mito de la litigiosidad previsional se caía por sí solo en 4 años.

Durante el gobierno anterior, el Fondo no financió ningún gasto como le imputaron falsamente Clarín y la Nación, solo inversiones (incluido el Plan PROCREAR) que generaron el incremento en 7 años de 25.000 a 70.000 millones de dólares. Tampoco puede el Fondo destinarse a la presunta reparación histórica, pues es un delito. Sólo en los casos que tengan sentencia de homologación firme. Es propiedad de todos los trabajadores y jubilados, no del Estado, quien debe limitarse a administrarlo bien: realizar inversiones que lo aumenten y transferirle a ANSES los saldos en caso de que la recaudación anual no cubra las planillas de jubilaciones. De modo que la ANSES o el gobierno no pueden destinar el FGS a ningún otro fin. Tampoco lo pueden capitalizar como si fuere un activo del Estado. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es propiedad de trabajadores y jubilados y no del Estado.-

por Juan Carlos Diaz Roig