Producto de la fructífera inventiva de este gobierno, se dictó en julio de 2016 la ley 27.260 llamada pomposamente de “reparación histórica”. A dos años de su promulgación, donde se proponía terminar con la litigiosidad previsional y beneficiar a dos millones y medio de jubilados, sus resultados son exiguos. Módicas mejoras y un marketing abrumador no pueden ocultar el fracaso esencial de aquellos propósitos meramente enunciativos.

La reparación histórica se asimila a la ley del bingo, donde algunos ganan para mantener vivo el negocio, la expectativa. Los jubilados que vieron incrementar sus haberes -según la ANSES- llegan a 1,3 millones. Se suscribieron cerca de 300.000 acuerdos, de los cuales algo más de 200.000 fueron homologados por un juez. Otros 250.000 aún no tienen propuesta por tratarse de “casos complejos”. ¿Cómo se llegó a aquella cifra engañosa de 1,3 millones beneficiados?

No obstante a su promoción como instrumento para terminar con los juicios contra ANSES, la mayoría de los beneficiados no habían hecho juicio y fueron incluidos mágicamente en el sistema. Obviamente, se trataba de montos pequeños y que no incluían retroactividad, ya que ésta se calcula dos años para atrás del reclamo. Obviamente, estas personas aplaudieron la inesperada medida. Pero ¿no era el objetivo terminar con la famosa litigiosidad?

Los que sí habían hecho juicio, pero cumplieron más de 80 años, fueron incluidos en el procedimiento de “pago anticipado” y se les depositó directamente el aumento mensual, en un mecanismo claramente extorsivo. Por supuesto que el monto es menor que lo que les correspondía por el juicio en trámite, pero la tentación de unos pesos más es muy fuerte. Sobre todo a esa edad. Se les impone un plazo para aceptarlo. Caso contrario, se les retira el aumento. Tampoco se depositaba la retroactividad, aunque aparecía en importantes números, como un señuelo, que en algunos casos se cumplió y en otros aún están esperando cobrarla. Felizmente, nuestros jueces han dictado medidas cautelares, en el sentido que ese depósito no inhiba la continuidad del juicio, siguiendo normas generales del derecho (todo pago insuficiente debe tomarse a cuenta). Pero, otro juicio más… ¿No era esto para terminar con los juicios?

La confusión procedimental es la única regla inamovible. El método informático ha sido funcional a este propósito. El “su caso lo estamos evaluando” o el de “es de mucha complejidad”, sin posibilidad de repreguntas solo sirven para aumentar la ansiedad o incertidumbre de los adultos mayores. Esto se reafirma al no comprometerse la ANSES en plazos ni fechas.

Se modifican o agregan normativas que los abuelos tienen que aprender a decodificar. Por ejemplo, la Resolución 185, emitida por el organismo el 28 de febrero de 2018, les explica:

·       Si la suba fue menor al 30% del haber mínimo, se deberá aceptar la propuesta (o rechazarla, en caso de así decidirlo) en la página de la ANSES.

·       Si la suba superó el 30% del haber mínimo, además de hacer esa aceptación en la web, deberá suscribirse al acuerdo con la ANSES, que luego será enviado a la Justicia para su homologación. Pero nada es sencillo en este mecanismo.

El ANSES dictó en marzo 2017 la resolución 224/E, donde establece que el valor de corte es de $500. Y así continúan las confusiones y las dificultades para los beneficiarios.

Por Elena Mitjans