El argumento ampliamente difundido por la red de propaganda oficial para justificar un ajuste a la baja de los haberes jubilatorios es que el sistema previsional está quebrado. Lo verdadero es que, a diciembre de 2015, los datos oficiales –confirmados por fuentes económicas privadas cercanas al gobierno- evidencian que para aquella fecha de asunción del nuevo gobierno, las cuentas de la ANSES mostraban un claro equilibrio.

Por otro lado, insisten en una confusión conceptual. Se asimilan las erogaciones de la Seguridad Social a los gastos corrientes que el Estado gasta o invierte en rubros como infraestructura, educación, salud o seguridad pública. En realidad, el Estado solo debe administrar activos que pertenecen ineludiblemente a los trabajadores que tributan todos los meses a lo largo de su vida activa para el fin específico de sus jubilaciones. A lo que se agrega media docena de leyes nacionales que ordenan impuestos direccionados a la ANSES para atender al conjunto de prestaciones de la Seguridad Social. Por ello, meter las manos en estos recursos para tapar agujeros presupuestarios nacionales o provinciales es, lisa y llanamente, un robo a trabajadores, jubilados y al conjunto de la población.

Pero vayamos a los números de la ANSES en particular. Según la medición de la Base Caja del Sector Público No Financiero, las instituciones de la Seguridad Social (donde ANSES explica casi la totalidad) tenían todavía en 2016 un superávit del 2,3% del PBI. Esta cifra contrasta con el déficit de 1,8% del PBI que informaba por la misma época la Jefatura de Gabinete de Ministros. La publicación MERCADO del 26 de marzo de 20171 -que refleja habitualmente la ideología del establishment- sostuvo, en base a estudios propios, que ese porcentual oficial informado por Marcos Peña está sobredimensionado, pues se incluyen partidas sociales que no necesariamente corresponden a la ANSES. Y estima que el déficit “puro” de ese organismo era en 2016 bastante más acotado (-0,4 %) “con un fuerte deterioro frente al superávit observado en 2015”, afirma MERCADO. Explica, también, “que en 2016 las cuentas del organismo se tensionaron fuertemente porque el gobierno tomó decisiones que incrementaron más de lo habitual las erogaciones de ANSES”. El aumento del gasto durante dos años y medio del gobierno de Cambiemos se produjo por el financiamiento a Cajas Provinciales no transferidas y la extensión de la AUH y Ayuda Escolar Anual para los monotributistas y trabajadores incluidos en el Régimen de Trabajo Temporario. También se habilitó el cobro en simultáneo de la AUH y la Pensión con otros programas provinciales y locales. Amén de la discutible extensión de la tarjeta Argenta a titulares de la AUH y otros, que supuso una erogación de casi 14 mil millones de pesos.

La política aventurera del oficialismo se mostró en este incremento del gasto, al mismo tiempo que mermaban los ingresos de la ANSES, lo que rompió el delicado equilibrio con que se manejó el organismo hasta 2015. Este des-manejo se explica también por la intencionalidad del gobierno de desfinanciar el sistema previsional y justificar una contra-reforma, cuyo objetivo de máxima es la privatización. La baja inducida en los ingresos de la Seguridad Social en ese primer año de gobierno se originó no solo por la recesión económica, sino también por mermas tributarias, como la modificación del impuesto a las Ganancias o la devolución del 15 % de IVA a jubilados que comprasen en supermercados. En concreto, en 2016, por ejemplo, los recursos netos de la ANSES crecieron un 32%, 12 puntos porcentuales por debajo de las erogaciones, tendencia que se incrementó al año siguiente.

A contrapelo de estos datos, la prensa “seria” persiste en atribuir el descalabro fiscal creciente a los jubilados, sin mencionar el festival de exenciones impositivas a los grandes grupos económicos. Semanalmente se publican editoriales, informes y análisis, como el de Ámbito Financiero del 31 de octubre de 20172. Allí, su columnista económico Jorge Herrera, repite el sonsonete que “uno de los principales obstáculos para el equilibrio de las cuentas públicas es el sistema previsional” atribuyendo a “la era kirchnerista” la suma de todos los males. Ejemplo de ello sería “la eliminación de las AFJP” (textual). Esto, junto al otorgamiento de beneficios previsionales y la implementación de la Ley de Movilidad Automática, “terminaron por desquiciar el sistema”, sentencia el señor Herrera.
No solo MERCADO, dirigiéndose a su público especializado, desmiente las falsedades propagadas por el oficialismo a través de los medios masivos. El ex Banco Nación, Carlos Melconian, dice en un informe de noviembre de 2017 para los selectos clientes de su consultora privada, que en 2015 las cuentas de la ANSES eran superavitarias un 1,2% en relación al PBI. El histriónico economista PRO también reconoce, de paso, que la fórmula de movilidad creada por el anterior gobierno significó -entre 2009 y 2017- un aumento del 20% por encima de la inflación para el conjunto de los jubilados.

Estos datos contrastan con las largas parrafadas oficialistas que se derraman cotidianamente con el solo objetivo de engañar y confundir, endilgándole a los viejos de este país la culpa del “déficit fiscal” y de la astronómica deuda externa que se está contrayendo. Se les mete la mano en el bolsillo y encima se les pretende crear culpa. Las delicias de la posverdad.

Por Sergio Lescano